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lunes, 30 de agosto de 2010

Protección del aparcamiento

Ciertas leyes, como las que se encargan de la protección del medio ambiente, tienen, en ocasiones, el problema de no aportar soluciones practicas, sino solo una visión ideológica e irreal del mundo, completamente ajeno al corpus legal, que supuestamente le afecta.
Y ese es el caso concreto de la ley de costas. No me voy a extender sobre los posibles efectos retroactivos de algunos de sus artículos, pese a que muchos abogados y políticos lo nieguen, que nos están poniendo, más que el llamado “urbanismo salvaje” en la picota de la Unión Europea por no respetar la propiedad privada. No. En este caso me voy a referir al efecto domino que provoca en algunas zonal del litoral valenciano.
Era a mediados de los años 60 del pasado siglo, cuando la dictadura, que para algunas leyes actuales nunca ha existido, gobernaba una nación española que se hallaba en paz social y pujanza económica, por más que a algunos eso les duela. Esta pujanza tenía sus inconvenientes, entre ellos los de mayor cantidad de autopistas para que los coches y las mercancías pudieran viajar. Así que el gobierno de la dictadura centralista proyecto una autopista de peaje (no podía ser de otra forma no pasando por la capital central de la nación) que recorrería la costa de norte a sur, de la frontera con Francia a la de Gibraltar… pero que se encontró con un inesperado problema: Valencia.
La ciudad, en la costa y rodeada de fértiles (y caras) tierras de huerta y multitud de pueblos, se convirtió en un obstáculo a tamaña autopista. Por ello su recorrido acabó en las inmediaciones de la simbólica ciudad de Sagunto, para adentrarse, ahora libre de pago, hasta la ciudad en el escaso terreno que le dejaban los pueblos y las huertas: la paya.
No podemos afirmar que el gobierno de la dictadura pretendiera proteger los valores ecológicos y medioambientales de la huerta frente a los de la costa… pero lo cierto es que lo hizo. Sea porque la agricultura, que disponía de agua, fuera más importante en la economía de aquellos años, fuera porque al vivir más cantidad de gente de la misma fuera más impopular, o porque el terreno arenoso sobre el que se asentó el asfalto ya era propiedad del estado, y por ello salía más barato, lo cierto es que la autopista que recorría los cincuenta kilómetros hasta la entrada norte de la ciudad fue construida en su mayor parte en terrenos que años más tarde la democrática y medioambiental Ley de costas pondrías sí o sí bajo propiedad del estado y tutela del ministerio de medio ambiente.
Poca diferencia podría representar, para un paraje apenas usado, donde las acequias, originariamente de riego, vertían los restos del agua sobrante que años después de construida la autopista, reconvertida, al no ser de peaje, dicho trozo por mor de las leyes democráticas en autovía, una ley como la de costas, que en este caso se limitaba a trasferir de una a otra administración la gestión de ese suelo… pero sí ha influido.
Ha influido porque esas acequias, que originariamente llevaban agua para riego, con una pequeña proporción de aguas residuales de pequeños pueblos agrícolas, han acabado recogiendo las aguas residuales de ciudades dormitorios y polígonos industriales… donde antes las aguas del pueblo no tenían más que restos orgánicos (de origen humano, los que se excretan cada vez que se va al excusado, y animales y vegetales de los jabones naturales realizados con grasas y aceites) que en una pequeña proporción eran hasta beneficiosos para el campo, hoy contienen múltiples compuestos químicos (tanto de las industrias como de los modernos detergentes usados en los electrodomésticos conocidos como lavadora y lavavajillas) y su proporción de compuestos orgánicos (de origen humano) ha crecido en orden proporcional al crecimiento de la población e inversamente proporcional a la, menguante, disponibilidad de aguas para riego.

El empeoramiento de las aguas de las acequias contribuye a un empeoramiento de la calidad de las aguas marinas, debido a su vertido. La desidia o dejadez de las administraciones competentes, local, autonómica y nacional, dado que no van a obtener rendimientos por las actuaciones en esta estrecha franja de terreno, pues la situación de dominio marítimo impide la creación de servicios (privados, que darían un rendimiento económico a las administraciones más cercanas) e incluso públicos, como postas sanitarias o puestos de socorro, que si bien no darían beneficios económicos si los darían políticos. Y así las cosas los ciudadanos de esos municipios se ven obligados a elegir entre acudir a playas sin servicios, con una mala (o peor aun insalubre) calidad del agua o desplazarse más lejos para poder gozar, fuera de sus municipios de los servicios que en el suyo le son negados. Y mientras, en una extensión de tierra, cercana a la autovía, que no se cuida, ni se protege otros perseguidos y criminalizados usuarios las aprovechan, convirtiéndolas en aparcamiento para camiones de gran tonelaje, cada día más prohibidos en los núcleos urbanos, pero a los que las administraciones no aportan ningún servicio.

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